>> La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, explica que “esta línea de ayudas nació el año pasado, con el objetivo de apoyar a los municipios cuando enfrentan situaciones de emergencia”
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó este miércoles dotar con 500.000 euros una línea de subvenciones de emergencia social habitacional dirigida a los ayuntamientos de Tenerife.
Así lo ha anunciado la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, que explica que “esta línea de ayudas nació el año pasado, con el objetivo de apoyar económicamente a los municipios de Tenerife, que tengan que hacer frente a situaciones de emergencia social habitacional, teniendo en cuenta que los ayuntamientos son las administraciones públicas más cercanas a la población”.
Fumero pone de manifiesto que “esta medida se integra en un modelo de trabajo integral, basado en la coordinación institucional y la flexibilidad en la resuesta”.
La finalidad de esta subvención es “apoyar a las entidades municipales de la isla de Tenerife para que puedan asumir las situaciones de emergencia social habitacional que se puedan estar dando en sus municipios”, siendo objeto de esta ayuda “todas aquellas acciones que impliquen la búsqueda de una solución habitacional para personas que, según la valoración de los servicios sociales municipales, se encuentren en una situación de exclusión social o riesgo de padecerla”.
En este sentido, Fumero pone de manifiesto que “desde el Cabildo hemos querido constatar nuestro compromiso con el municipalismo y con la realidad social de Tenerife desde diferentes ámbitos, y en especial, en lo que se refiere al acceso a la vivienda, siendo conscientes de que se trata de una de las principales preocupaciones de las familias tinerfeñas”.
De los 500.000 euros totales de esta línea de ayudas, 200.000 euros se repartirán de manera lineal entre todos los municipios que soliciten la subvención y que cumplan con las condiciones exigidas en las bases para acceder a la misma, con la finalidad de garantizar un reparto mínimo, suficiente e igualitario a todos los ayuntamientos beneficiarios, mientras que 300.000 euros se repartirán según el número de informes de vulnerabilidad emitidos a los juzgados por cada ayuntamiento.
