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El Cabildo distribuirá 6,8 millones entre los municipios para ayudas sociales y de emergencia

El Cabildo distribuirá 6,8 millones entre los municipios para ayudas sociales y de emergencia

La consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Marián Franquet, anuncia que el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases de estas subvenciones directas, que permitirán atender las necesidades de personas en situación de fragilidad social

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer martes las bases para la distribución de un total de 6,8 millones de euros entre todos los ayuntamientos de la isla para atender a personas y familias en situación de fragilidad social. La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, explica que con esta aportación “el Cabildo refuerza su respaldo a los municipios, no solo para que puedan cubrir las necesidades básicas de quienes necesitan este apoyo social, sino también para que puedan contratar personal que les permita gestionar y dar salida a esas ayudas con la agilidad que se requiere”.

Franquet señala que “serán objeto de atención prioritaria las familias con hijos e hijas a cargo, personas sin hogar con dificultades de acceso a los recursos institucionales, personas inmigrantes, personas mayores que presentan problemas de aislamiento social y soledad, así como todos aquellos colectivos que se hayan visto especialmente afectados por la crisis generada por la covid”.

“No es la primera vez en este mandato que el Cabildo pone en manos de los ayuntamientos de la isla una aportación económica para dar una respuesta a la situación excepcional que viven las personas más vulnerables. Ya lo hicimos el año pasado, con una partida de 3,8 millones de euros, y volvemos a hacerlo este año, con 6,8 millones de euros más, para apoyar a todos los municipios en la atención a la emergencia social, con criterios de distribución objetivos y equilibrados, que tienen en cuenta tanto la población como la situación económica y social”, indica la consejera.

Marián Franquet destaca también “la flexibilidad que se ha tenido a la hora de establecer los plazos de ejecución de estas ayudas de emergencia, que hemos fijado entre mayo de 2021 y mayo de 2023, para que no se quede ni un euro por invertir en la atención a las personas que lo necesitan”.

Un 20 por ciento de la partida económica se repartirá de manera lineal entre todos los municipios; un 30 por ciento se distribuirá teniendo en cuenta la población residente, con datos del padrón municipal; y el 50 por ciento restante se dispondrá en función del número de personas desempleadas que tenga cada municipio.

Por su parte, el consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, resalta que “del total de 6,8 millones de euros previstos, 3 millones se destinarán a ayudas sociales a través de tarjetas prepago, ya sean nuevas o recargas de las ya existentes en los municipios; y 3,6 millones irán a financiar ayudas directas para emergencia social y también se podrán costear gastos de personal que trabaje específicamente en la gestión, atención y valoración de las situaciones de vulnerabilidad social detectadas en la población del municipio”.

Además, incide en la amplitud de bienes y servicios que se pueden incluir en las ayudas, con el objetivo de cubrir en lo posible todo el espectro de necesidades que tengan las familias o las personas en situación de vulnerabilidad social y que cada municipio pueda adaptar las ayudas a su realidad. Estas ayudas se deberán usar para sufragar gastos de alimentación, higiene personal, material de autoprotección, ropa y calzado, farmacia, productos de higiene del hogar, utensilios domésticos o mobiliario básico e indispensable para el hogar, entre otros.

Por otra parte, se destinarán 200.000 euros a prestar atención específica a las situaciones de aislamiento social y soledad de personas mayores con el fin de promover una mejora de su calidad de vida. En este caso, el mayor peso en la distribución de la partida se concede al criterio demográfico, con un 50 por ciento a repartir en función de la población de entre 65 y 79 años y la de 80 años y más que tenga cada municipio.

 

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