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El Salón Noble del Cabildo de Tenerife acogió en la tarde de ayer martes [día 24], la celebración de una mesa redonda en la que se abordó la Ley de Dependencia en la salud mental y sus perspectivas de futuro. En la misma intervinieron representantes de las diferentes administraciones (nacional, regional e insular), así como de las asociaciones de familiares afectados por estas enfermedades.
 
Ante un público compuesto por asociaciones, familiares y enfermos, actuó como moderadora la consejera de Bienestar Social del la Corporación insular, Cristina Valido, quien puso de manifiesto el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Cabildo para crecer en la atención a la salud mental, y en la colaboración que para ello realiza con diferentes instituciones. Apuntó que la Ley de Dependencia “viene a garantizar un derecho que las personas que padecen enfermedades de salud mental necesitan”.
 
El turno de intervenciones comenzó con Ángel Calle, técnico del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes (Instituto de mayores y servicios sociales, Imserso), que explicó que esta Ley contempla, de forma general y amplia, a todos los colectivos que tienen limitaciones para acometer las actividades básicas de la vida diaria.
 
Otro de los participantes en la mesa fue Francisco Pulido, director del Plan insular de Rehabilitación Psicosocial, para el que la Ley de Dependencia abre un periodo que marcará el trabajo en el espacio de los cuidados a las personas con discapacidad; un nuevo marco en donde los derechos subjetivos de este colectivo de personas van a estar protegidos y recogidos.
 
También intervinieron Juan de la Fuente (jefe de servicio del Hospital Universitario de La Candelaria), que destacó la importancia de que el Servicio Canario de Salud esté presente en la realización de los informes de baremación a los enfermos; Francisco Javier Álvarez (por parte de la dirección general de Bienestar Social), y Fernando Sánchez (representante de las asociaciones de familiares de enfermos), quien señaló la necesidad de que las comunidades autónomas adapten la nueva normativa a las peculiaridades de cada región, a la vez que manifestó su confianza de que las administraciones implicadas continúen con la formación del personal que atiende a los enfermos así como con la inserción laboral de este colectivo.