Introducción

La elaboración del Plan Insular de Servicios Sociales y Sociosanitarios parte de la consideración de una serie de cuestiones que constituyen el armazón teórico del documento, el cual define con claridad el modelo de actuación deseable.

Los diez Principios Rectores u Objetivos Estratégicos que se definen a continuación deben constituir la guía que otorgue coherencia al proceso de planificación, proporcione claves para la actuación y el funcionamiento interno del IASS y sirva de posible referencia a los planes y actuaciones de otros agentes clave, es en ese sentido en el que deben de ser considerados estos principios y asegurarse que sea el norte de las actuaciones a emprender:

La coordinación de políticas y acciones se entiende como el elemento fundamental de este Plan.

La eficacia de la acción exige huir de soluciones particulares y fomentar la integración en sistemas únicos de respuesta del conjunto de actuaciones que se desarrollen en cada uno de los ámbitos, independientemente del nivel competencial de los agentes que las promuevan.

La coordinación en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios constituye una necesidad básica de cara a optimizar los recursos existentes (sociales y sanitarios), evitar duplicidades en la atención, fomentar la colaboración entre agentes y establece sinergias, de forma que se garantice la calidad de la respuesta.

Tal como se señala en el Plan General de Servicios Sociales de Canarias, resulta clave disponer de los medios técnicos adecuados para posibilitar esta integración, y para facilitar a quienes hagan uso de los distintos servicios, el cauce único y la atención integral a la que tienen derecho.

2. Respuesta Adecuada a Cada Caso

Impulsar la diversificación de la oferta de servicios y recursos para proporcionar respuestas adecuadas a los distintos tipos de necesidades o perfiles de usuarios con un doble objetivo: diseñar soluciones en función del nivel de complejidad de cada caso y adecuar la estructura de costes. Este proceso exige un cambio de filosofía y un mayor nivel de flexibilidad y coordinación.

El modelo que se pretende impulsar exige que el recurso o servicio se adapte al usuario, y no el usuario al recurso o servicio, tal como ha venido siendo habitual hasta ahora, pasando del concepto de beneficiario al concepto de cliente.

Alcanzar las metas propuestas exigirá la redefinición y reordenación de los recursos existentes e impulsar la creación de aquellos recursos que no existan actualmente en el ámbito de Tenerife.

3. Igualdad en la respuesta

Garantizar la existencia de niveles de calidad y condiciones de financiación y acceso homogéneos en todos los centros y servicios que presten atenciones en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios. De la misma manera, la igualdad en el acceso exige asegurar el equilibrio territorial en la asignación de recursos.  Este principio es complementario del anterior, ya que una vez que se determine la adecuación de la respuesta a la problemática concreta del usuario hay que proporcionar servicios homogéneos tanto en la propia prestación como en el espacio.

4. Normalización

Tal como se señala en el Plan General de Servicios Sociales de Canarias, la normalización implica diversas cuestiones que pueden y deben ser trasladadas al ámbito sociosanitario: En ambos casos se plantea la necesidad de huir de viejos esquemas benéficos y asistenciales concebidos como ámbitos específicos de atención de colectivos marginados o excluidos socialmente, dado que, tal como aclara el Plan de Servicios Sociales de Canarias, el modelo de política social orientada al “bienestar social”, exige considerar al ciudadano y ciudadana como sujetos de derechos sociales por su condición de tales, y no por sus circunstancias de edad, sexo, raza o cualquier otra característica personal, económica o cultural. Impulsar respuestas de carácter comunitario frente a otras de carácter sectorial, cuando ello sea posible.

El carácter normalizador de la atención en los centros sociales especializados o sociosanitarios debe basarse en el principio de rehabilitación y de devolución al entorno del usuario, siempre que su situación lo permita, considerando la institucionalización como el último de los recursos.

5. Proximidad

La planificación de los diferentes recursos debe contemplar como una prioridad el acercar los dispositivos al lugar donde viven las personas, así como garantizar la atención en el recurso más próximo al domicilio. El Plan General de Servicios Sociales de Canarias plantea, dentro de sus Criterios Generales, la necesidad de que los servicios y recursos se planifiquen de tal manera que todas las personas puedan acceder fácilmente a los mismos, procurando, que en la medida de lo posible se eviten dificultades derivadas del desplazamiento, discriminaciones por el lugar de residencia, o desarraigos innecesarios al utilizar estos recursos.

El mismo documento hace hincapié en el papel estratégico que deben tener los ayuntamientos en la prestación y gestión de servicios como administración más cercana al hábitat natural de los destinatarios. Su labor debe ser decisiva a la hora de lograr uno de los objetivos del presente documento, que no es otro que lograr la permanencia de los usuarios de recursos de carácter social o sociosanitario en sus entornos habituales de convivencia personal (familia, casa, …) y social (barrio, pueblo, amistades,…)

6. Prevención

La labor preventiva debe ser otro de los pilares sobre los que descanse la estrategia del Cabildo. La prevención, tal como señala el Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión en Canarias, si se aplica eficazmente y se destinan los recursos necesarios limita cualitativa y cuantitativamente las situaciones de extrema necesidad, inadaptación y exclusión social.

Actuar en el origen, siempre que sea posible, contra las causas que generan las diferentes problemáticas, posibilitaría aliviar sensiblemente los cometidos de otros servicios y recursos con un mayor carácter asistencial, consiguiendose que estos puedan dedicarse con mayor grado de eficiencia a sus funciones, y evitando respuestas institucionales que, frecuentemente, lejos de constituir una solución no hacen sino generar o profundizar la marginación, a la vez que generan desarraigo en la persona.

7. Participación

La participación dentro de las políticas sociales puede ser entendida de diferentes formas dependiendo del colectivo al que hagamos referencia:

• Si aludimos a los ciudadanos deberá garantizarse el apoyo a las actividades de voluntariad, entendidas estas como mecanismos que permiten que los individuos desempeñen un papel cada vez más importante en el diseño y ejecución de actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general y especialmente a la erradicación de situaciones de marginación y a la construcción de una sociedad solidaria en la que todos los miembros gocen de una calidad de vida digna. Es preciso aprovechar las sinergias del tejido social, impulsando la solidaridad activa como elemento cohexionador y estructurante de la sociedad y promoviendo la participación social (comunidades, asociaciones, unidades familiares, y/o de convivencia,…).
• Si hacemos referencia a los agentes involucrados en la prestación de servicios relacionados con lo social o lo sociosanitario, deberá promoverse su participación en la gestión de recursos y en el diseño de políticas y acciones desde el Cabildo Insular, articulando para ello cuantos mecanismos fuesen precisos.
• Los usuarios deberán participar, y tener papel activo y ser considerados como fin último de todas las actuaciones. La participación activa implica tanto derechos como deberes, de modo que, siempre que su situación económica lo permita se plantea su colaboración en la co-financiación de la oferta de recursos. Esta implicación en la financiación permitirá potenciar la calidad de los servicios que se prestan y transformar el concepto de usuario en el de cliente.

8. Información

Incrementar los niveles de información existentes debe ser considerado otro de los aspectos que oriente las acciones del Cabildo Insular. La información es un concepto amplio que requiere matizaciones.

• La información sobre la realidad es fundamental para diseñar estrategias eficaces, en este sentido resulta básico disponer de mecanismos de recogida de información adecuados, que permitan conocer con detalle la realidad social de Tenerife.
• Los profesionales necesitan conocer que se está haciendo en los distintos ámbitos por cada agente para evitar diseñar medidas que se solapen con lo ya existente e impliquen un gasto innecesario de recursos. En este sentido, la existencia de herramientas y materiales que permitan compartir información sobre la oferta existente entre las personas involucradas en el diseño y prestación de servicios resulta fundamental.

Finalmente la información debe de ser diseñada de modo tal que sea accesible y adecuada a los interesados, tal como se recoge en los objetivos que define el Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión en Canarias, se ha de facilitar difusión y conocimiento públicos de los programas que se consideren prioritarios, especialmente entre aquellas personas o grupos que tengan mayores dificultades de acceso a la información, que han de ser informados de manera específica y directa.

9. Adecuación de los Recursos Humanos

Los profesionales constituyen el principal activo en el ámbito de los servicios Sociales y Sociosanitarios y, en ese sentido, la competencia técnica es básica para el desarrollo de la actividad profesional, junto a otros factores como puedan ser el nivel de motivación, la estabilidad laboral, la capacidad para asumir nuevas responsabilidades, la multidisciplinariedad y el trabajo en equipo, entre otros.

En este contexto, parece obvia la necesidad de permitir que los distintos profesionales dispongan de los apoyos necesarios para el adecuado desempeño de su actividad y para su maduración profesional, fomentando su participación y responsabilidad en el desarrollo de servicios y mejorando sus condiciones laborales.

Existen dos aspectos que ya han sido nombrados, pero que conviene resaltar por la importancia que se les concede en el ámbito de la atención social y sociosanitaria: la existencia de una estrategia de formación continua y la intervención mediante equipos de carácter multidisciplinar.

En el primer caso, el Plan General de Servicios Sociales de Canarias, señala que la formación es crucial por la propia naturaleza de la atención social, que exige una constante readaptación al cambio para mantener los niveles de calidad y eficacia. Por eso la formación de los profesionales que intervienen en los Servicios Sociales no se puede dejar al azar de iniciativas aisladas o coyunturales, sino que se tiene que planificar con intencionalidad, y se tienen que habilitar los medios necesarios para que se lleve a cabo, como una actividad permanente que afecte a todos los profesionales del sector.

En el segundo caso, la justificación descansa sobre la necesidad de disponer de una unidad básica que pueda hacer frente a situaciones complejas y variadas y que, a la vez, amortigüe la tensión y la sobrecarga emocional inherente al desarrollo de la actividad profesional, y sirva para impulsar dinámicas de motivación y recarga emocional.

10. Evaluación y Seguimiento

La existencia de mecanismos eficaces de evaluación y seguimiento garantiza que el planeamiento en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios sea un proceso flexible, racional y vivo; tan cambiante como la realidad a la que trata de dar respuesta de manera eficaz.

La evaluación debe cubrir dos ámbitos fundamentales:

• La medición periódica del nivel ejecución de las medidas se pongan en marcha.
• Por otro lado debe constituye una garantía de que los objetivos que orientaron su diseño siguen vigentes o, en caso contrario, se pondrán los medios adecuados para redefinir las medidas y reorientarlas a su nuevo cometido. Resulta fundamental disponer con carácter permanente y actualizado de un diagnóstico global, como elemento básico para orientar o reorientar el planeamiento inicial.

11. Responsabilidad Pública

Las administraciones públicas de Canarias deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas, la protección social y sociosanitaria básica que las leyes y normas determinan en nuestro ámbito territorial.

El Cabildo, en las competencias que determina la normativa vigente, tiene la responsabilidad de gestionar las prestaciones, centros y servicios en el territorio insular. Así mismo tiene la obligación de establecer los pertinentes dispositivos de seguimiento y control necesarios que garanticen la igualdad y calidad de atención de los mismos.

Por todo ello se tiene que contemplar con precisión todos los procedimientos pertinentes para el acceso y disfrute a ellos, estableciendo con claridad los procesos de tramitación, velando por la transparencia y agilidad de los mismos.

Es también una premisa y responsabilidad de la administración pública el determinar los niveles de calidad exigibles para la gestión de las prestaciones, de los centros y servicios que formen parte de la red pública y privada de servicios sociales sociosanitarios de la isla.